Los jueces federales encargados de ejecutar los impuestos impagos denunciaron la falta de empleados está haciendo que se demoren las causas y, por ende, la agilización de cobros de los tributos.

Se trata de los jueces del fuero de Ejecuciones Fiscales y Tributarias que en los últimos dos años vienen reclamando la incorporación de más personal ante la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de la Magistratura, pero sólo han logrado contar con un empleado más para cada juzgado.

Se encargan de ejecutar judicialmente los impuestos federales morosos que reclama la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), como el Impuesto al Valor Agregado (IVA), Ganancias, Monotributo y Bienes Personales, entre otros.

El fuero tiene seis juzgados y cada uno de ellos cuenta con seis empleados, incluyendo a los dos secretarios letrados, para resolver el promedio de poco más de 6.000 causas anuales que cada dependencia recibe.

Por año, se abren entre 36.000 y 40.000 causas en todo el fuero para la ejecución de impuestos.

"El promedio de empleados de nuestros juzgados es de 1,5 personas por Secretaría más un ordenanza por juzgado lo que, entendemos, no tiene parangón en toda la justicia nacional", reclamaron los jueces en diciembre pasado en una nota a la Corte Suprema a la que accedió DyN.

El volumen de causas y la cantidad de personal hace que actualmente recién se estén resolviendo causas de septiembre y octubre pasado, explican en el fuero.

"Esta situación, cuya solución venimos reclamando desde hace varios años, dificulta el funcionamiento de estos tribunales y causa un gran perjuicio a los litigantes, afectando así la debida prestación del servicio de justicia que estamos obligados a brindar", denunciaron en la nota.

Los jueces Carlos Folco, Carlos Faggi, Rita Garese, Fernando Sanz De Urquiza, Elías Tapia y Guillermo Galli pidieron así que se cumpla la Ley 25.293 que creó el fuero que establece que cada juzgado debe tener cuatro secretarías letradas (pero actualmente hay dos).

El fuero cuenta con un antecedente de colapso judicial cuando en abril de 2009 dejó, a pedido de sus jueces, de recibir causas por la falta de espacios para guardar los expedientes en el edificio de Defensa 135 y la escasez de personal para tramitarlas.

Desde diciembre de 2009, cuenta con una nueva locación, en la calle Paraguay 925, pero sus integrantes siguen reclamando más personal.